Sector Público

Exentos de la responsabilidad penal, la administración pública y Entes locales, han salvado una asignatura penal pero no reputacional. En ellos, y con más razón por su carácter público, ha de defenderse el cumplimiento normativo  y la ética corporativa.

Delitos como el cohecho, el soborno, el acoso, el burn out, la falsedad documental…. hacen de estos organismos objetivo de todas las miradas, y por tanto ofrecen un gran riesgo reputacional. Tras la anterior reforma del código penal, plasmada en la Ley 5/2010, amplió la jurisprudencia en delitos tan habituales como los Urbanísticos, los de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos los cuales están ligados directamente a Ayuntamientos y entes locales.

Ahora, tras la reforma Aprobación de la Ley 1/2015, existe una responsabilidad pública que obliga al funcionariado a aplicar un protocolo de seguimiento, vigilancia y control sobre sus empleados y sobre los proveedores, no exentos del cumplimiento Normativo o compliance.